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Aprueba el congreso “Uso Indebido de Información y Colaboración Delictiva”

Guanajuato, Gto 5 de agosto 2019. – El pasado miércoles 31 de julio, el Congreso de Guanajuato aprobó por unanimidad la reforma a la denominación del CAPÍTULO I, TÍTULO PRIMERO, SECCIÓN
TERCERA, para identificarse como “Uso Indebido de Información y Colaboración Delictiva”,
así como el primer párrafo del Artículo 222-a y una adición al artículo 222-b del Código Penal
del Estado de Guanajuato.
En las ‘Consideraciones’ de su Dictamen, la Comisión de Justicia establece como Objeto de la
Iniciativa:
a. La tipificación de conductas de servidores públicos consistente en proporcionar
información que conozcan con motivo de sus funciones para la comisión de hechos
delictuosos, o para evitar afectar el cumplimiento de funciones de seguridad pública.
b. Tipificar como delito aquellas conductas de las personas referidas en la Iniciativa,
tendientes a obtener o proporcionar información a algún integrante de una agrupación
delictiva sobre las actividades oficiales o personajes que realicen o pretendan realizar
los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública con la finalidad de
entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones, ocasionarles un daño o cometer
un delito.
En su Exposición de Motivos los iniciantes –el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional-, refieren al concepto ‘halconear’ como “las actividades de acechar, vigilar, alertar o
recolectar información, todo ello con el objetivo de facilitar la comisión de delitos, además de
dificultar o incluso impedir el funcionamiento de la actividad de las instituciones de seguridad
pública.”
Advierten, que hasta ese momento la legislación del Estado de Guanajuato no contemplaba
una sanción específica para esas actividades.
Y establecen de manera expresa: “Consideramos necesario dejar en claro que no es objeto de
la presente iniciativa castigar, por ejemplo, la labor de investigación periodística…”
Algunas voces, entre ellas las de la Organización “ARTICLE 19”, asumen que la modificación
a la legislación guanajuatense “vulnera el núcleo esencial del ejercicio de las libertades de
expresión, información y la labor periodística.” No es así.
En su propia argumentación (Comunicado del 4 de agosto de 2019) ARTICLE 19, reconoce
dos puntos importantes, inscritos en el proceso legislativo:

1. Que “no es objeto de la presente iniciativa castigar, por ejemplo, la labor de
investigación periodística.”
2. Y que la norma subraya la finalidad, de “cometer cualquier hecho delictuoso” o
“entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o
impartición de justicia, o de ejecución de penas.”
El resto, son supuestos:
“Con la sola “tentativa” de obtener información, tendría aplicación esta norma penal…”; “podría
llegarse a interpretaciones arbitrarias y discrecionales…”; “pueden caber multiplicidad de
acciones…”; “puede impactar severamente el ejercicio periodístico…”; “pretenden inhibir la
supervisión y monitoreo de funcionarios públicos…”
Inferir que la reforma “genera un menoscabo a las libertades de expresión e información, así
como a la labor periodística -a la letra del comunicado-”, es, al menos, desproporcionado.
“Analizar” cada reforma, cada iniciativa, con base en supuestos, haría inviable cualquier
legislación.
Se lee en la Exposición de Motivos de la reforma que nos ocupa: “al contemplar el dinamismo
en la comisión de diversas conductas que afectan sensiblemente la vida en común, se vuelve
necesaria la armonización del marco normativo…”
Como bien cita “ARTICLE 19”, el delito de “halconeo” se encuentra tipificado ya en 22
entidades federativas (Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado
de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.)
En Guanajuato, el Congreso local lo aprobó por unanimidad el miércoles 31 de julio; el viernes
2 de agosto se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de Guanajuato, y entró en vigor al
día siguiente.
El encargo Legislativo es un trabajo continuado que ajusta la Norma a las nuevas exigencias,
demandas, necesidades y escenarios de la sociedad. Eso hacemos en la LXIV Legislatura del

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