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APRUEBAN REFORMAS A LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso local aprobó, por unanimidad, el dictamen relativo a ocho iniciativas de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Como ejes centrales de las reformas aprobadas se encuentran que se mejora la administración electoral; se incorpora y precisa en ley el tema de paridad en el registro de candidaturas, en la asignación de regidurías y en la de diputaciones de representación proporcional; la imparcialidad en el uso de los recursos públicos; se introduce a la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales el principio de proporcionalidad; se posibilita las candidaturas simultáneas de presidente y regidor; se consolidan derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas originarios; se armoniza con la Ley General el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género y  se prevé como un beneficio de los justiciables en materia electoral, el Juicio en Línea en el Tribunal Estatal Electoral.

Otros aspectos para destacar:

  • Se armoniza la violencia política en razón de género, de conformidad con las últimas reformas a nivel federal
  • Será atribución del Consejo General el fiscalizar el origen y destino de los recursos de agrupaciones políticas locales y de organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido político local.
  • Se establece la elección consecutiva sin solicitud de licencia para separarse del cargo público y dicha intención de elección consecutiva se anunciará al partido, pero se elimina la obligación de hacerlo ante el IEEG, por lo que no será condicionante de aceptación de registro.
  • Se apoyará la fiscalización de los candidatos a elección consecutiva la Contraloría de la instancia de gobierno en que labore el candidato a elección consecutiva.
  • Se establece en ley el procedimiento de postulación de candidatos para observar la paridad de género. Cada partido tiene libertad de proponer candidatos 50 y 50 por cada género sin que vayan en lista intercalada.
  • Se establece en ley el procedimiento de asignación de candidatos plurinominales para observar la paridad de género.
  • En los municipios con población indígena igual o mayor al 25% los partidos políticos tendrán obligación de incluir una fórmula indígena en los primeros 4 lugares de la planilla de ayuntamiento; mientras que en las planillas para ayuntamientos en que la población indígena registrada sea menor del 25% y el municipio se encuentre en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas, los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes procurarán incluir en su planilla a personas indígenas.
  • Se establece que los candidatos a presidentes municipales se puedan registrar de manera simultánea como candidatos a regidores, a fin de que aquellos que pierdan la elección puedan integrarse como regidores en el ayuntamiento.
  • Se elimina que el Congreso del Estado nombre al titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral (TEEG).

Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna las diputadas Celeste Gómez Fragoso y María Magdalena Rosales Cruz; así como los diputados Isidoro Bazaldúa Lugo, Israel Cabrera Barrón y Armando Rangel Hernández.

La diputada Celeste Gómez Fragoso manifestó que Guanajuato volvía a dar un gran paso en el perfeccionamiento del sistema democrático pues, con el dictamen puesto a consideración, se impactaban un total de 93 artículos de la ley electoral, incorporando 6 transitorios, logrando consensos en temas trascendentes que beneficiarán al sistema político.

Asimismo, precisó que se dotaba de nuevas atribuciones al órgano electoral local, a efecto de prever capacitación, a través de simulacros, a integrantes de Consejos Municipales y Distritales; se establecía la obligación de realizar análisis de votos nulos con el objeto de conocer sus causas e impactos para mejorar procesos; y se incorporaba la obligación, en el proceso de integración de Consejos, de que sean constituidos preferentemente con residentes del municipio o distrito donde vayan a fungir y la obligación de recabar observaciones y comentarios de la ciudadanía respecto de los aspirantes a integrar dichos consejos.

“Ahora, la Ley Electoral ya precisa la forma como debe proceder el Instituto Electoral en el tema de paridad en el registro de candidaturas, a través de los tres bloques de rentabilidad electoral y en la integración sustantiva de los órganos de Gobierno tanto en los Ayuntamientos, a través de la asignación de regidurías, como en la Legislatura, a través del procedimiento de asignación de diputaciones de Representación Proporcional”, precisó Gómez Fragoso.

La legisladora calificó de trascendente la cristalización de consensos plasmados en ley para enriquecer el contenido y despliegue de la fórmula de asignación de diputaciones de representación proporcional, y destacó que el Congreso del Estado, a través de la Presidencia de la Mesa Directiva, estará en condiciones de dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral, a los derechos político electorales de los pueblos indígenas originarios que son parte importante de nuestra entidad federativa.

“Pido su voto a favor máxime que integra el consenso de todos los grupos y representaciones parlamentarias que, con sus aportaciones y reflexiones, enriquecieron el contenido del mismo”, finalizó.

Por su parte, la congresista María Magdalena Rosales Cruz destacó tres temas: la inclusión de sus iniciativas en materia de paridad; la armonización con la ley general en el tema de violencia política en razón de género y el reconocimiento de la participación política de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, apuntó que estaba convencida que con las reformas aprobadas se generarán reglas más claras y equitativas para la próxima contienda electoral.

En su participación, el legislador Isidoro Bazaldúa Lugo manifestó que la propuesta de reforma tocaba diversos temas fundamentales y trascendentales para la vida democrática del Estado de Guanajuato. En ese sentido, celebró los avances en materia de paridad de género, violencia política e inclusión y respeto de las comunidades indígenas.

Además, agradeció el tratamiento y aportaciones que se le dieron a su iniciativa en el tema de las candidaturas simultáneas la cual, dijo, tenía como finalidad establecer la vía de las candidaturas simultáneas para que los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes puedan postular también a sus candidatos a presidentes municipales a una regiduría por el principio de representación proporcional.

“Como Partido de la Revolución Democrática somos promotores de impulsar todas aquellas medidas que abonen a la consolidación de los principios democráticos, en tal virtud es que con esta propuesta se da un paso en favor de la representatividad dándole mayor legitimidad al voto del electorado y teniendo como resultado una mejor representación política”, enfatizó Bazaldúa Lugo.

Finalmente, precisó que la propuesta en discusión se encontraba en total apego al marco jurídico y social que vivía el Estado, en concordancia con los avances en materia de paridad de género, inclusión y representatividad.

“Con las reformas a aprobarse, Guanajuato se encontrará a la vanguardia para enfrentar el siguiente proceso electoral en aras de proteger y garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos”, concluyó el legislador.

En su intervención, el diputado Israel Cabrera Barrón agradeció el trabajo de todos los involucrados y señaló que en el dictamen estaban impactados todos los temas que causaron obstáculos para la democracia en la elección de 2018.

Cabrera Barrón hizo énfasis en tres rubros: el avance en la paridad de género, donde, dijo, se verá el fortalecimiento en acciones afirmativas para reducir cada vez más la brecha en el tema; la inclusión de los sectores considerados como indígenas; y la apertura democrática que se estaba logrando, en lo relativo a que el candidato a Presidente Municipal pueda, en caso de ser derrotado, ocupar un cargo dentro del ayuntamiento.

Finalmente, pidió el voto a favor y manifestó que, así como hoy se mostraba civilidad, diálogo, acercamiento y acuerdos esperaba que en la próxima etapa electoral hubiera lo mismo.

El legislador Armando Rangel Hernández manifestó que el marco jurídico electoral se convertía en valioso patrimonio de la sociedad y que en el Congreso habían trabajado para construir juntos un marco jurídico que continúe haciendo de la democracia, el instrumento eficaz mediante el cual los guanajuatenses construyan su futuro.

Después de felicitar a todos los que intervinieron en el proceso de dictaminación, el congresista enlistó algunos de los aspectos contenidos en la reforma electoral y subrayó que el dictamen constituía un avance generado por el consenso, donde se acreditaba la viabilidad de los acuerdos por encima de las diferencias.

“Aquí sabemos converger y aportarle a nuestro Estado leyes precisas que le permitan seguir transitando en esta vía democrática que caracteriza y enaltece a nuestra entidad federativa”, finalizó.

El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general. Al ser sometido a votación en lo particular, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo se reservó el artículo 195 bis para que fuera facultad del Instituto Electoral el suscribir convenios y no sólo crear las bases para la suscripción de los convenios.

En ese sentido, planteó que se proponía que el Instituto Electoral del Estado durante el proceso electoral pudiera suscribir convenios con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, los ayuntamientos y los poderes del Estado, a efecto de vigilar, a través de los órganos de control interno, que los servidores públicos que participen en las campañas electorales y actos de proselitismo, así como los integrantes del ayuntamiento y diputados del Congreso del Estado que sean registrados como precandidatos o candidatos, hagan un uso responsable, imparcial y equitativo de los recursos públicos de los que disponen o a su cargo.

La propuesta fue aprobada con votos 31 a favor y 4 en contra.

Por su parte, la congresista María Magdalena Rosales Cruz se reservó los artículos 164 fracción XVI y 448 bis relativos a la designación del titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral y señaló que en el dictamen no se había atendido el principio de la supremacía de las leyes, ya que en la Constitución Política local establecía dentro de las facultades del Congreso el designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución.

“Las leyes secundarias que se proponen modificar devienen de ésta, dicho artículo debió haber sido adecuado a ello; para que no exista una contradicción entre lo señalado y facultado con lo que se propone en los artículos de la Ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Guanajuato”, indicó.

En ese sentido, propuso que dichos artículos se quedaran como se encuentran en la ley vigente.

Para hablar en contra de la propuesta, la congresista Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que en el marco de los trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción habían cuidado mucho el fortalecimiento de los órganos internos de control, particularmente de los organismos autónomos porque los consideraban un mecanismo eficaz y certero para prevenir los actos de corrupción.

Sin embargo, dijo, no eran ajenos a qué como Estado, como sistema jurídico, pertenecían a un Sistema Nacional, y que existía un máximo tribunal que estaba facultado para interpretar la Constitución. En ese sentido, se refirió a una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la participación de los congresos locales en los nombramientos de los titulares de los órganos internos de control de los Tribunales Electorales.

Argumentó que en dicha resolución determinaba que se genera una vulneración a la autonomía jurisdiccional de los tribunales electorales. “Podemos compartir o no la visión, lo hemos externado inclusive me tocó dialogarlo con integrantes de la Junta de Gobierno, de que podemos estar o no de acuerdo, pero es una decisión que determina, además porque fue votada por unanimidad de los ministros, un efecto erga omnes, es decir nos obliga a expulsar esta disposición normativa de nuestra propia legislación”, precisó García Muñoz Ledo.

La propuesta fue rechazada con votos 30 en contra y 4 a favor.

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