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Guanajuato, Gto. 13 de abril 2018.- Se reformó el Código Penal del Estado de Guanajuato, a fin de imponer una sanción de 30 a 60 años de prisión y de 300 a 600 días multa a quien sea responsable de homicidio de servidores públicos por motivo de sus funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de procuración o administración de justicia en materia penal y de ejecución de penas, en el Pleno del Congreso del Estado.
De la misma manera, se incrementará la punibilidad de la mitad del mínimo a la mitad del máximo de la que corresponde por lesiones, cuando estas sean infringidas a los servidores públicos en cuestión.
Dichas penas también serán aplicadas a los responsables de homicidio y lesiones contra cónyuges y parientes de estos servidores públicos, ampliando el rango para aplicar esta medida, respecto a los sujetos merecedores de protección.
Este nuevo esquema de tipo penal, permite garantizar la vida e integridad de las personas que desempeñan labores de prevención de seguridad, procuración y administración de justicia, dentro de un marco legal que se ajuste a los elementos que permitan el combate a estas acciones criminales.
Al discutirse en lo general, la diputada Arcelia María González González solicitó el voto a favor del dictamen argumentando que las sanciones fueron establecidas bajo las razonabilidad y proporcionalidad recomendada para las penas. Destacó que con esta aprobación se busca dar un mensaje de defensa del ejercicio de los policías y darle el valor que merece su función; el dictamen fue aprobado en lo general por unanimidad.
En el momento en el que se sometió a discusión en lo particular, la diputada Angélica Casillas Martínez se reservó el artículo 141-a, a fin de que se plasmara una pena de 30 a 60 años de prisión por el delito de homicidio de elementos de seguridad.
Para hablar a favor de esta reserva, la diputada Libia García hizo uso de la voz y señaló que con esta modificación se permitirá castigar con mucho mayor rigor a quienes cometan estos asesinatos, manteniéndolos más tiempo alejados de las calles y castigándolos en forma proporcional a la gravedad del delito, además de dar un mensaje de respaldo a los hombres y mujeres encargados de la seguridad pública y la administración de justicia.
Igualmente, el diputado Isidoro Bazaldúa coincidió con la aprobación de la reserva, con la cual se avala la aplicación de la pena máxima a quienes atenten contra la vida de un policía por el ejercicio de sus funciones y apuntó que el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de garantizar leyes que coadyuven con la paz social.
La reserva fue aprobada por unanimidad.

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