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Guanajuato, Gto. El Grupo Parlamentario del PRI contribuyó a la
creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato.
En sesión virtual, el Pleno del Congreso aprobó la Ley Orgánica de los Centros de
Conciliación Laboral, que tiene como objeto
regular la integración, estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de
los mismos, para el despacho de la función conciliatoria entre trabajadores y
patrones, así como las demás facultades que le atribuye el marco constitucional y
legal.
El diputado José Huerta Aboytes hizo uso de la voz para hablar a favor del
dictamen.
Dijo que con la aprobación del dictamen en discusión, se da un paso muy
importante en la consolidación de una trascendente reforma al sistema de justicia
laboral de Guanajuato y de todo el país.
La esencia de esta reforma es la desaparición del paradigma, que se estableció con
la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo
decreto elaborado, discutido y aprobado por el Constituyente de Querétaro en
febrero de 1917, introdujo las garantías y bases constitucionales para el derecho
del trabajo y la seguridad social, mediante la incorporación del artículo 123.
En ese precepto se dispuso que la justicia laboral correría a cargo de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, compuestas de manera tripartita, por sendos
representantes de los sectores emblemáticos, de los factores de la producción,
capital y trabajo, y por una representación del estado que fungiría como
salvaguarda y rector de los procesos jurisdiccionales donde se resolverían los
conflictos entre patrones y trabajadores.
Luego, el 1 de mayo de 1931, en el marco de la celebración del día internacional
del Trabajo, entró en vigor la Ley Federal del Trabajo, en la cual se regularon las
juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, además se establecieron
procedimientos ordinarios y especiales, para conocer y dirimir los conflictos
individuales y colectivos que se pudieran presentar entre obreros y patrones.

En dichos procedimientos, figura como fase muy importante la conciliación, a fin
de resolver dichos diferendos antes del arbitraje.
El diputado José Huerta Aboytes destacó que de unos años a la fecha, la fase
conciliatoria se fue desgastando, debido a que en los conflictos individuales
difícilmente comparecía directamente el patrón, y además se fueron acumulando
de manera exagerada los expedientes a resolver, trayendo como consecuencia la
lentitud del proceso, y el diferimiento de las resoluciones.
Esta situación fue diagnosticada desde el sexenio pasado, en el marco de las
mesas de trabajo que se instalaron con vistas a la reforma de justicia cotidiana, en
las cuales fue invariable el señalamiento de que el modelo de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje estaba agotado, y que era necesario sustituirlo por otro.
Fue entonces que el 24 de febrero de 2017, se publicó el decreto que establece
que antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán
asistir a la instancia conciliatoria correspondiente.
En el orden local la función conciliatoria estará a cargo de los centros de
conciliación especializados e imparciales, los cuales contarán con personalidad
jurídica y patrimonio propio.
Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad,
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
En aplicación de tal mandato el 1 mayo 2019, se publicó la reforma a Ley del
Trabajo, en la que se atribuyen funciones específicas, tanto al Centro Laboral de
Conciliación y Registro Laboral como los centros estatales de conciliación.
Y en fecha 16 de enero de este año, se publicó el decreto por el que se crea el
Centro de Conciliación y Registro laboral, y en consonancia con todo ello, y en aras
de homologación y armonización del sistema normativo nacional, el Grupo
Parlamentario del PRI presentó una iniciativa de Ley, que el dictamen atento a la
precisión, convirtió en la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral.
Dicha iniciativa se suma a la que también presentó el titular del Poder Ejecutivo
Estatal, y que de acuerdo a lo que establece el dictamen, dicho organismo tiene el
propósito de contribuir a que se consolide la reforma laboral que está en curso.

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