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PRESENTAN PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE TRANSPARENTEN LOS RECURSOS PÚBLICOS UTILIZADOS PARA ATENDER LA PANDEMIA EN GUANAJUATO

Guanajuato, Gto. – El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena formuló un punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado a que transparente de manera proactiva los recursos públicos destinados a atender la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, a través de un micrositio web institucional, mediante la herramienta de conjunto de datos abiertos.

El congresista indicó que tanto el gobierno federal como los estatales habían tomado medidas de contención, mitigación y subsanación ante los estragos de la pandemia, y destinado recursos públicos para atender tal problemática.

En ese sentido, mencionó que el gobierno de Guanajuato anunció que habría un incentivo económico de 75 millones de pesos para personal médico, así como apoyo a la Secretaría de Salud del Estado, los cuales se enfocarían en 15 mil trabajadores del sector salud con bonos de 5 mil pesos cada uno, y que dicho apoyo se vería reflejado una vez superada la pandemia y sería entregado a todo el personal que labora en las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública estatal, independientemente de su salario, función o fuente de financiamiento.

Prieto Gallardo apuntó que lo anterior era solo un ejemplo de la importancia de que se transparenten de manera proactiva de principio a fin los recursos destinados a apoyos, con la finalidad de que exista una publicidad real sobre el debido proceso de los recursos destinados a la pandemia del COVID-19.

Agregó que se recomendaba la implementación de un micrositio web dentro de las plataformas institucionales, con el compromiso de que semanalmente se suba la información pertinente, ya que el uso de recursos públicos ante una emergencia podía dar cabida a actos de corrupción, haciendo mal uso de los mismos.

El legislador repudió cualquier tipo de manipulación de la información y que se dé uso inadecuado de fondos y fideicomisos de emergencia, y dijo que existía una responsabilidad por parte de Gobierno del Estado para dar la máxima apertura de información sobre las contrataciones públicas, la fiscalización del recurso en tiempo real, la identificación plena de los recursos utilizados y su destino.

Asimismo, manifestó que ya existían casos de sobreprecios en las compras de equipo de salud, sin respetar los protocolos de contrataciones. “La propuesta en concreto es que los recursos destinados para la emergencia sanitaria deben ser informados en su totalidad de forma oportuna, veraz y verificable”, finalizó Prieto Gallardo.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos habló en contra de la propuesta. Dijo que estaban confundiendo la falta de transparencia del gobierno federal con la transparencia del gobierno de Guanajuato, el cual había sido reconocido a nivel nacional como uno de los estados que mayor transparencia ha tenido en la atención a la contingencia de la COVID-19.

Agregó que 8 de cada 10 contratos que hacía el gobierno federal lo hacía sin licitar, lo que representaba el 76% de sus compras. Asimismo, indicó que la transparencia era una obligación determinada en la ley y los medios estaban establecidos; además que como legisladores tenían la responsabilidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos, a través de la cuenta pública y los informes trimestrales que presenta el Ejecutivo estatal.

En rectificación de hechos, el congresista Ernesto Alejandro Prieto Gallardo manifestó que la postura a la defensiva hablaba de un temor y que su propuesta no era atacar, sino que pudiera haber aún más claridad de la que decían tener. Asimismo, dijo estar convencido de la transparencia del gobierno federal y podían hacerle la misma solicitud.

Finalmente, el diputado Armando Rangel Hernández señaló que no era temor porque se revisaran los recursos que ha entregado el gobierno estatal, sino el interés partidista que tenía el iniciante. Asimismo, refirió que, en todo caso, a quien se le debería pedir que transparente su información era al gobierno federal, ya que se han visto casos de evidente corrupción en el manejo de los recursos públicos.

El proponente pidió el trámite de obvia resolución, el cual fue aprobado. Al ser sometido a votación el punto de acuerdo no fue aprobado y se ordenó su archivo definitivo.

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