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Guanajuato, Gto. Para generar una cultura de respeto y evitar que se vuelvan a cometer
violaciones a los derechos de los ciudadanos, la diputada del Partido Verde,
Vanessa Sánchez Cordero propuso la creación de una guía para observar el
cumplimiento de las recomendaciones que haga la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDHEG)
a servidores públicos.
Aun cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos desde su creación en
octubre de 1992 ha generado avances significativos en la implementación de
una cultura de respeto y promoción de los derechos fundamentales; destacó
que existen aspectos que se requieren fortalecer, como es el cumplimiento y
seguimiento a las recomendaciones que emiten estos organismos y son
aceptadas por las autoridades o servidores públicos que han violado algún
derecho.
“La violación casi reiterada de derechos por parte de servidores públicos en
Guanajuato ha provocado que dichas recomendaciones se conviertan en un
trámite más que deban cumplir los agresores”, lamentó.
Actualmente la Procuraduría de los Derechos Humanos prevé en la Ley de la
materia, que la recomendación señalará las medidas que procedan para la
efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos fundamentales,
así como su cumplimiento.
Sin embargo, en dicha Ley no ayuda a la autoridad o servidor público a tener
un ordenamiento guía que le permita cumplir y darle seguimiento a la
recomendación.
En este sentido, la propuesta de la diputada permitirá tener una guía simple
que les permita a las autoridades estatales y municipales observar el
cumplimiento de las recomendaciones, con tiempos, con responsables para su
cumplimiento.
Además, podrán contar con criterios claros, uniformes y objetivos que le
permitan a toda la administración pública, tanto estatal como municipal,
coordinarse efectivamente, compartir información en tiempo real, resarcir el
daño causado bajo bases que permitan una reparación integral, y llevar a cabo
acciones conjuntas para disminuir el tiempo que se requiere para cumplir con
las recomendaciones.
Propone modificar la Ley Orgánica Municipal con la finalidad de que toda
autoridad municipal además de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos tenga la obligación de dar seguimiento a la atención de las
recomendaciones emitidas por los organismos protectores de derechos
humanos.
“Esto va a generar un mayor compromiso por parte de los 46 ayuntamientos
del estado para proteger y garantizar los derechos humanos, a través de dichos
ordenamientos, que permiten tener un mayor control sobre el avance en el
cumplimiento de las recomendaciones, así como las consideraciones
preventivas”, destacó.
También se modificaría la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato para que la Secretaría de Gobierno tenga las atribuciones de vigilar
el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones que se emitan a las
dependencias y entidades estatales.
La diputada informó que de acuerdo a la Procuraduría de Derechos Humanos
se ha logrado la aceptación de las recomendaciones por parte de las
autoridades, algo que no ocurría en los primeros años de su creación.
Refirió que en el periodo comprendido entre el año 1994 al año 2008 la labor
de la Procuraduría de los Derechos Humanos no tenía el impacto
constitucional requerido. Generando con ello, una afrenta entre las
autoridades estatales y municipales contra la Procuraduría, ya que las
recomendaciones emitidas, o no se aceptaban o quedaban pendientes por
aceptar, mostrando un porcentaje muy elevado.
En el periodo antes referido, las recomendaciones no aceptadas oscilaban en
un rango muy elevado del 20 al 63%. Y las recomendaciones pendientes por
aceptar, el rango oscilaba entre el 0% al 44%.
A partir del periodo del año 2009 al año 2014, la Procuraduría de los Derechos
Humanos empieza a tener una mayor credibilidad en el trabajo que
representa, ya que las recomendaciones no aceptadas oscilan en un rango del
0% al 4%. Y las recomendaciones pendientes por aceptar, el rango oscila entre
el 0% al 5%-
Del periodo del año 2015 al año 2019, las recomendaciones no aceptadas
oscilan en un rango del 0% al 1%. Y las recomendaciones pendientes por
aceptar, el rango oscila entre el 0% al 1%. Resultando que casi todas las
recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos son
aceptadas y de manera inmediata.

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