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Guanajuato Gto. 3 de mayo 2019.- Actualmente, “En todo el país las cifras de desapariciones superan los 37 mil casos, de acuerdo Amnistía Internacional, Son 37 mil personas que han desaparecido de sus familias y comunidades, que los buscan con toda la fuerza de la esperanza y de ese dolor que puede partir el alma, pero nunca podrá acallarla, la desaparición es una de las peores situaciones que puede atravesar tanto la víctima como sus familiares y la sociedad entera. Ante ese momento de crisis, los ciudadanos demandan con plena justicia que el Estado actúe en forma efectiva, clara y contundente, para facilitar el regreso de la persona, para castigar aquellos casos en la desaparición sea resultado de una conducta delictiva y para reparar el daño en la medida de lo posible.” Señalo la diputada local panista Lorena Alfaro ante el pleno del congreso local al presentar una iniciativa Establecer una nueva ley, que se dedique exclusivamente a prevenir, investigar y sancionar los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Para lo cual se crearía una Comisión de Búsqueda la cual funcionaría como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, y estaría a cargo de un titular nombrado a partir de un proceso de consulta pública. una vez en funcionamiento, deberá asesorar a los familiares y realizar de forma inmediata todas las acciones de búsqueda que sean relevantes en cada caso, además de emitir los lineamientos del Registro Estatal, informar trimestralmente sobre los avances en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda, e incluso incorporar a los procesos de búsqueda a expertos independientes o peritos internacionales, cuando lo considere pertinente o así lo soliciten los familiares.
En la iniciativa se contempla que la Comisión cuente con Grupos de Búsqueda integrados por servidores públicos especializados, que generarán la metodología para la búsqueda inmediata, le solicitarán a la Fiscalía Especializada que realice actos de investigación específicos y garantizarán que se mantenga la cadena de custodia.
Asimismo, que la Comisión de Búsqueda promueva las medidas necesarias para lograr la protección de aquellas personas desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se encuentre en peligro, y que pueda solicitarle a la Comisión de Víctimas que, a través del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, se cubran los Gastos de Ayuda para los Familiares de las Personas Desaparecidas por la presunta comisión de los delitos materia de la Ley General.

Por otra parte, para garantizar la participación de la sociedad, en un tema de tanta relevancia, seria necesario plantear la figura del Consejo Ciudadano, integrado por familiares de personas desaparecidas, especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, designados en forma honorífica para un periodo de cuatro años, para emitir recomendaciones, propuestas y opiniones a la Comisión de Búsqueda.
La iniciativa de ley plantea una Fiscalía Especializada, que cuente con recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios, a fin de recibir las Denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos materia de la Ley General e iniciar la carpeta de investigación, coordinándose con la Comisión de Búsqueda para realizar acciones de investigación y persecución de los dichos delitos.
En cuanto a la protección de las víctimas, se deberá reconocer de manera inequívoca sus derechos a la verdad y el acceso a la justicia, además de la protección de su persona e intereses jurídicos, a que las autoridades inicien la búsqueda desde el momento mismo en que tengan noticia de la desaparición y a ser restablecidas en sus bienes y derechos en caso de ser encontradas con vida, entre otros.
Mientras tanto, los familiares tendrán el derecho de acompañar y ser informados de las acciones de búsqueda, además de proponer diligencias, solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, acceder a los expedientes y a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo psicosocial.

Finalmente, existe la necesidad de establecer medidas de reparación integral, incluyendo restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, que pueden incluir la disculpa pública de parte del Estado y otras personas involucradas, la recuperación de la honra y memoria de las personas desaparecidas, reconociendo que el Estado será responsable de asegurar dicha reparación integral cuando los delitos en esta materia sean cometidos por servidores públicos o por particulares con la complicidad de éstos.

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