Guanajuato, Gto. .- Que el Congreso fortalezca la protección de los derechos
humanos y pueda hacer comparecer a funcionarios y autoridades que no acepten
una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, o la admitan
pero no la acaten o lo hagan parcialmente, propuso la diputada Ruth Noemí
Tiscareño ante el Pleno de la LXV Legislatura.
Su iniciativa busca que el Congreso tenga facultades para hacer comparecer,
ante la Comisión de Derechos Humanos, a autoridades o funcionarios para que
expliquen, funden y motiven el porqué de la negativa o incumplimiento total o
parcial de la recomendación emitida por la PRODHEG.
“Qué puedan comparecer a explicar la razón de su negativa o incumplimiento
ante el Congreso, otorga mayor fuerza para que se creen los mecanismos que
permitan una eficiente lucha contra la impunidad y por el respeto de los derechos
humanos”, afirmó Tiscareño Agoitia.
Recordó que la PRODHEG emite recomendaciones no vinculantes que son
respaldadas por normas jurídicas que establecen que, si no son aceptadas o
cumplidas, las autoridades o funcionarios públicos deben, en todos los casos,
fundar, motivar y hacer pública su negativa.
Su iniciativa contempla que se pueda hacer comparecer a la autoridad o
funcionario público “si es omiso después de haber transcurrido el término que
señala la ley para informar si acepta o no la recomendación, o bien cuando no se
cumpla total o parcialmente con la recomendación previamente aceptada en los
plazos que señala la ley”.
Dijo que el propósito fortalecer la fuerza de las recomendaciones de la
PRODHEG desde el Congreso por ser éste un órgano representativo del pueblo y
de sus intereses.
“Fortalecer el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos,
dando fuerza ética y pública al cumplimiento de las recomendaciones que emita la
Procuraduría de los Derechos Humanos”, abundó, pero subrayó que las
comparecencias no serían a capricho ni de forma discrecional.
En su exposición de motivos detalló que su iniciativa contempla reformar la
Constitución local, pero también una modificación a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo para que la comparecencia de una autoridad o funcionario público ante
la Comisión de Derechos Humanos proceda si así lo deciden, con su voto, las dos
terceras partes del Pleno o, en su caso, de la Diputación Permanente.
La diputada del GPPRI destacó que su iniciativa también impacta en la rendición
de cuentas, porque ésta “no solamente se ciñe a cuestiones monetarias, sino a las
acciones y omisiones que, en el ejercicio de las funciones públicas, las
autoridades o servidores públicos puedan llegar a realizar”.