Guanajuato, Gto. Los priístas estamos a favor de ampliar la permanencia de las fuerzas armadas en auxilio de las tareas de seguridad pública, pero como lo hemos dicho de una manera temporal, fiscalizada y sobretodo subordinada a una política policial de carácter civil y mientras se logra tener policías estatales y municipales confiables y fortalecidas para combatir con éxito el crimen y la violencia”.
Lo anterior lo manifestó la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), la diputada Ruth Tiscareño Agoitia, quien en compañía del secretario general del
partido, David Mercado Ruiz, manifestaron que el partido esta a favor de la seguridad y la
recuperación de la paz y tranquilidad de los ciudadanos.
“Dejamos claro que no estamos a favor de la militarización y que rechazamos que un tema de tanta
trascendencia sea aprovechado con oportunismo político y rechazamos que esto se tome como un
elemento de unión y concordia con un afán de promoción política que siga polarizando al país y
sembrando discordia con su discurso”, explicó.
Ruth Tiscareño recordó que sobre lo referido con el decreto por el que se reforman, adicionan, y
derogan diversas disposiciones transitorias de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de
marzo del 2019, se presentarán a discusión y votación en el Congreso del Estado.
Indicó que para esta reforma que se tenga por aprobada, por tratarse de materia constitucional,
precisa de la aprobación de la mayoría calificada de ambas Cámaras Federales y de la mitad más
uno de las Legislaturas locales, “es decir, 17 congresos estatales y dicho supuesto ya está cumplido
al día de hoy”.
“El voto de Guanajuato no hará diferencia, de conformidad con las reglas del proceso, la totalidad
de las Legislaturas deben pronunciarse y en temas tan cruciales, se deben adoptar definiciones y
dejar clara nuestra posición de cara a la ciudadanía”, refirió.
Puntualizó que lo que se presenta, es la ampliación de plazo de permanencia de la Fuerza Armada
del país hasta marzo de 2028, solo para tareas de auxilio a la seguridad pública, esto es la
permanencia. La participación se define con claridad, regida, regulada y por con una participación
extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria. Además, se establece la obligación de
presentar informes semestrales sobre el uso de estas para evaluar resultados y corroborar el
respeto y apego a los Derechos Humanos.
Explicó sobre la integración de una Comisión Especial de Senadores y Diputados Federales, para
citar a titulares de gobernación, seguridad y protección ciudadana, de Defensa Nacional y Marina,
que analice y dictamine sobre el contenido de informe semestral, así como el requerimiento de
presencia de la fuerza armada y recomendaciones.
“A partir del Ejercicio Fiscal 2023, se establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades
federativas y municipios para el fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad pública. El
25 por ciento de este fondo, se asignará a las entidades federativas con los mejores resultados de
sus evaluaciones. La totalidad de los recursos será fiscalizable”, expresó.
“Hay que entender que no estamos militarizando al país y que la seguridad requiere impulsar y
promover una estrategia multidimensional en la que se reconozca que el crimen organizado y en
especial el narcotráfico, es el verdadero y peor enemigo del país y que para combatirlo se requieren
más recursos para las policías estatales y municipales, lo que significa dotar a los estados del
andamiaje institucional y material que les permita cumplir con su responsabilidad, que es velar por
la seguridad de las y los ciudadanos y velar por recuperar la paz con justicia y seguridad para todas
y todos”, añadió.
Tiscareño Agoitia señaló que es incuestionable que la confianza que los ciudadanos tienen en las
fuerzas armadas no la tiene ninguna policía estatal ni municipal y además no tienen, la gran mayoría,
las herramientas ni las condiciones ni las capacidades institucionales para enfrentar con éxito el
reto.
“La estrategia de seguridad pública civil lanzada desde el gobierno federal no ha funcionado y no
está dando resultados y pues no se ha garantizado la paz y tranquilidad a la ciudadanía por eso es
necesario que tengamos el apoyo de las fuerzas armadas”.
Finalmente, señaló que no se puede privilegiar el discurso político por encima de la tranquilidad y
la paz de los ciudadanos y se debe reconocer que Guanajuato es el estado con más homicidios
dolosos, con una severa crisis de inseguridad y el país que se encuentra bañado en sangre.
“En el PRI reiteramos a favor de México y no de hacer de la seguridad un botín político”, concluyó
la presidenta estatal del PRI.